Gallardón ha propuesto una reforma del código penal que incluye la prisión permanente revisable, un cambio drástico que abre la puerta a que a los presos se les aplique condenas similares a la cadena perpetua.
Se trata de una manera encubierta de aplicar una cadena perpetua, pero que no contradice nuestra constitución por el hecho de que es revisable, sin embargo las connotaciones que estos cambios implican son más profundos, pues demuestran que son muchas las motivaciones que esta medida incumple de nuestro ordenamiento jurídico, recordemos que la razón de ser de las penas son la reinserción del reo en la sociedad y la rehabilitación del daño ocasionado, ¿acaso una cadena perpetua encubierta cumple con estos requisitos?, claro que no, pues demuestran una vez más el empeño por este Gobierno en aplicar contrareformas que no hacen más que cambiar la legislación para impregnar de ideología conservadora cada reforma legal que se aplica.
Es imposible no pensar en el efecto que el caso Bretón, el etarra Bolinaga o los delitos de menores han tenido en todo esto, es peligroso y tentador tomar como excusa todos los casos mediáticos sucedidos últimamente porque se abre la puerta a una justicia echa a petición del clamor de los medios para que en un futuro se pueda seguir aplicando y endureciendo nuestra justicia en base a estas mismas premisas según que casos se vayan produciendo.
Un país civilizado, que respete los derechos humanos, moderno, avanzado, comprometido con la ciudadanía debe aplicar justicia para reinsertar, para educar. Hoy somos un país menos civilizado que retrocede irremediablemente en el derecho penal.
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