Existe preocupación en un amplio sector de la población española ante el anuncio del ministro de Justicia para implantar de nuevo la cadena perpetua, una condena que fue eliminada de nuestro sistema judicial tras la transición, y que supuso un ligero impulso hacia otro modo de entender las condenas a presos, vinculadas a la reinserción en la sociedad, algo que ahora corre peligro ante medidas de extrema derecha muy preocupantes que amenazan todo el sistema judicial español, pero que quizás incluso tenga mayor repercusión.

Preocupación es poco, optar por ese camino es aceptar que nuestra sociedad se dirija por el castigo a quienes no han tenido la oportunidad de integrarse en una misma sociedad que les ha repudiado y les ha convertido en delincuentes.
Supone también no creer en la justicia como reeducación social para una reinserción en la sociedad, supone emprender el castigo y causar más dolor como excusa y modo de aplacar el daño causado.

Hay dos modos de impartir justicia, imponiendo el castigo y la pena para pagar por los delitos cometidos (no reeducación social ni cambio conductual) o bien aplicar penas que impliquen reparar el daño revirtiendo en beneficios a la sociedad y al cambio de conducta del delincuente (si reeducación, si cambio conducta). Uno es positivo para todas las partes, el otro sólo en parte para saciar la venganza de los que han recibido el daño.

¿Qué modelo es mejor? Evidentemente el segundo, que es el mismo que países punteros en derechos sociales y que con menor índice de criminalidad vienen adoptando desde hace mucho. ¿A qué modelo responde el del PP y Gallardón? Evidentemente a USA y épocas pasadas no muy lejanas.

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